LA DGT RECUERDA QUE MONTAR Y VENDER SISTEMAS ANTIRRADAR SERÁ ILEGAL.

Hasta ahora, sólo el uso de estos dispositivos estaba sancionado. Con la nueva reforma de la Ley General de Seguridad Vial, también se penalizará su venta y montaje. En caso de denuncia, la policía podrá inmovilizar el vehículo e instar al propietario a acudir al taller a desmontar el aparato.

Los inhibidores suelen ser "caprichos de niños ricos a los que les gusta la velocidad", comenta jocoso un mando policial. Pese a que todavía son una opción minoritaria, informa el diario El País, ha empezado a surgir un nicho de mercado y los anuncios de estos artilugios se escuchan ya en la radio. La Dirección General de Tráfico (DGT) quiere atajar el problema ahora que está en ciernes. Si se aprueba la reforma prevista de la Ley de Seguridad Vial, quienes intenten eludir la vigilancia de los radares recibirán una sanción ejemplar: multa de 6.000 euros, seis puntos del permiso y tres meses sin poder conducir.

"Esto es como piratear una videoconsola: hay gente que no sabe hacerlo y te puede joder el coche", sentencia Carlos, que trabaja en un taller mecánico de Barcelona y presume de haber instalado, con absolutas garantías, decenas de aparatos antirradar. Hasta ahora, lo que hace es perfectamente legal: él sólo instala; lo que el conductor haga después es cosa suya. Pero si el proyecto se aprueba tal cual está redactado, también habrá castigo para el establecimiento. Y no saldrá barato: entre 3.000 y 30.000 euros. De nuevo, una cifra más acorde con los vehículos de gama alta, los que suelen llevar sistemas antirradar.

"Ningún concesionario se siente orgulloso de instalar antirradares, porque es una conducta que permite a la gente actuar al margen de la ley. El simple anuncio de la reforma hará que algunos abandonen esas prácticas", sostiene el subdirector general de ordenamiento normativo de la DGT, Ramón Ledesma. Tráfico no va a poner inspectores, sino que actuará en base a denuncias. Ledesma confía, no obstante, que el coste económico y la mala imagen hacia la marca de coches -si algún caso sale a la luz- sean suficientes para disuadir a más de uno.

La medida no afectará, aclara Tráfico, a los navegadores o GPS que alertan a los conductores cuando se aproximan a un radar. Todos los sistemas que llevan instalada una base de datos previa, de hecho, son legales. E incluso, recuerda Ledesma, la información sobre estos aparatos que ofrecen es pública.

El problema está en los sistemas que "establecen una comunicación directa" entre el aparato y el radar a través de las ondas. Los detectores ilegales alertan con una señal acústica al conductor, que tiene tiempo para reducir la velocidad y no ser multado. El inhibidor, en cambio, impide que el radar actúe y tome la fotografía del infractor.

El funcionamiento del inhibidor es muy sencillo. El aparato genera una pantalla de luz infrarroja alrededor del vehículo, en la misma frecuencia que el láser del radar. La luz del cinemómetro, de esta manera, se distorsiona al llegar al coche y no devuelve la lectura de la velocidad. No salta lo que se conoce como la fotomulta. Un sonido, por último, recuerda al conductor que tiene que apagar el inhibidor, ya que, si el radar comprueba por segunda vez que su señal ha sido bloqueada, hará de todos modos una fotografía al coche para prevenir.

Pero estos artilugios no son la panacea. De hecho, muchos de ellos fallan porque no son compatibles con los radares que usan los agentes de tráfico. En Internet, decenas de empresas, españolas y extranjeras, venden los inhibidores y explican su funcionamiento e instalación.

Tampoco son eficaces frente a los radares móviles. Si un conductor frena de golpe ante uno de estos cinemómetros, los agentes avisan a una patrulla que está situada unos kilómetros más adelante, en la misma carretera, para que dé el alto al infractor, explica un portavoz de los Mossos d"Esquadra.

La policía autonómica catalana, precisamente, denunció el año pasado a 664 conductores. A ellos hay que sumar las 866 denuncias de la Ertzaintza en Euskadi y las 1.584 de la Guardia Civil en el resto del territorio español. Si el Gobierno aprueba el proyecto, todos estos clientes exclusivos soportarán un castigo adicional: la policía podrá inmovilizarles el vehículo, y ellos mismos tendrán que llevarlo al taller y pagar para que su mecánico de confianza desmonte el aparato y vuelva a poner todas las piezas en su sitio.

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